Más de medio millón de trabajadores serán afectados
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Trabajadores públicos de todo el país protestan,
bloquean carreteras, se desangran, queman féretros con imagen de presidente Ollanta.
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Bancada de Fuerza Popular rechaza aprobación de
ley del servicio civil.
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Ley favorecerá a sólo el 10% de los trabajadores
del estado, entre ellos militantes nacionalistas.
Después de un intenso debate, el pleno del Congreso de la República aprobó la Ley del Servicio Civil, con 58 votos
a favor, 42 en contra y 6 abstenciones, mientras que la bancada de Fuerza Popular
rechazó porque esta ley atenta contra los derechos laborales de los
trabajadores del sector público y porque se generaría despidos masivos.
Luego de 13 horas de
polémica, quedó en cuarto intermedio, para ser definido y eventualmente
aprobado este martes 2, el proyecto del Poder Ejecutivo que propone la Ley del
Servicio Civil, con la finalidad de que
el Estado alcance mayores niveles de eficacia y eficiencia, y preste servicios de calidad a
través de un mejor servicio civil, así
como de promover el desarrollo de las personas que lo integran.
Fue luego de que el
presidente de la Comisión de Presupuesto, Josué Gutiérrez Cóndor (NGP), acogió el pedido de
varios legisladores, entre ellos de
Javier Bedoya de Vivanco (APGC), quienes plantearon un cuarto intermedio para
mejorar la propuesta sin afectar los derechos laborales de los trabajadores del
Estado.
Intervinieron los
congresistas Yehude Simon (APGC), Alberto Beingolea (APGC), María Soledad Pérez
Tello (APGC), Yonhy Lescano (AP-FA), Juan Díaz Dios (GPF), Martha Chávez (GPF),
Mesías Guevara (AP-FA), quienes plantearon observaciones al texto porque
afectaría derechos laborales.
Gutiérrez Cóndor recogió
algunos aportes planteados durante el debate, entre ellos que los trabajadores
que se incorporen al régimen del Servicio Civil tendrán el derecho a recibir
una gratificación de julio y diciembre, equivalente a un sueldo.
También que la compensación
de tiempo de servicios equivaldrá al 100% del promedio mensual del monto
resultante de la valoración principal y ajustada que le fueron pagadas al servidor en
cada mes durante los últimos 36 meses de trabajo efectivo.
La propuesta está dirigida a
560 mil trabajadores del sector público, entre ellos los comprendidos en los
decretos leyes 728 y 276 y Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
Se precisa que están
excluidos de los alcances de la norma los trabajadores de las empresas del
Estado, el Banco Central de Reserva, el Congreso de la República, la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, la Contraloría General de la República,
ni los servidores sujetos a carreras
especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y locales.
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