“Tomar el toro por las astas” y emprender reformas en lucha contra la corrupción

“Tomar el toro por las astas” y emprender reformas en lucha contra la corrupción: sugerencias a la Comisión Presidencial de Integridad. (I Parte)

Víctor Lizarraga Guerra

A través de la Ley N.º 30506 el Congreso de la República delego al gobierno facultades para legislar en materia de lucha contra la corrupción y otros temas; es dentro de un contexto de escándalo producido como consecuencia de la difusión de  los llamados ‘Moreno audios’, donde el gobierno viene adelantando algunas medidas como la aprobación de la “pena de muerte civil para condenados por delitos de corrupción”, esta medida ha originado un interesante debate entre los estudiosos del derecho penal y constitucional, sobre su aplicación y sus efectos.

En el presente artículo no pretendo detenerme en analizar los argumentos doctrinario y jurídicos de respetables maestros universitarios sobre la “muerte civil por delitos de corrupción”; considero que la corrupción en estos momentos debe ser firmemente combatida de manera efectiva, por lo tanto entendiendo que el problema no es exclusivamente de normas coercitivas; en ese sentido, me atrevo desde este espacio alcanzar algunas propuestas a la “Comisión Presidencial de Integridad” las cuales  pueden ser efectivas en la lucha contra la corrupción.

Se ha escrito y analizado ampulosamente sobre los mecanismos y formas para enfrentar la corrupción en la administración pública, se han contratado consultoras internacionales para diseñar estrategias y políticas públicas de lucha contra la corrupción, se ha incrementado el presupuesto a las entidades que componen el sistema anticorrupción; sin embargo, poco se ha avanzado en disminuir los índices de corrupción en el Perú, que después de la inseguridad ciudadana sigue siendo el segundo problema más importante del país.

Es imposible detener la corrupción y las conductas antiéticas si no es por la vía de la ética pública y la moral. Ninguna estrategia de lucha contra corrupción podrá operar de manera óptima si antes no se educa en la honradez y honestidad a los miembros que lo integran; En ese sentido, fortalecer los controles internos (accountability horizontal) es obligación de las propias entidades, donde los titulares de las instituciones del Estado deben cumplir con las normas éticas de la función pública, que obliga su difusión y capacitación sobre los principios y deberes que rige al personal de la administración; esta medida no es suficiente, por ello a la vez se debe fortalecer los controles institucionales (accountability vertical), para tal efecto se debe consolidar y apoyar la labor de los organismo del Sistema Nacional de Control, el Ministerio Públicos y el Poder Judicial como actores claves en la lucha contra la corrupción.

"La corrupción es un problema estructural en nuestro país. Se acabó"  refirio el Presidente de la República en un mensaje a la Nación, como reacción a los negociados de su ex asesor, en esa línea ha emitido la Resolución Suprema Nº 258-2016-P, con el cual crea la Comisión Consultiva denominada “Comisión Presidencial de Integridad” presidido por el ex Defensor del Pueblo Eduardo Vega, quien tiene el objetivo de proponer medidas concretas para promover la integridad y el respeto a los principios éticos en la función pública a fin de fomentar la transparencia y prevenir y sancionar la corrupción; en esta primera parte lanzamos algunas propuesta desde una perspectiva institucional y política:

Que las agendas públicas y privadas de los cargos públicos, más relevantes sean públicas y no se limite solo a informar actos oficiales o de carácter protocolar.

Modificar la Ley de Protección al Denunciante en el Ámbito Administrativo, Ley Nº 29542, reduciendo y simplificando los requisitos en la presentación de las denuncias, ampliando los beneficios y reglamentar un sistema de recompensas e incentivos.

Reconocer en la futura Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública potestad sancionadora; así como también facultad supervisora de los portales web, los cuales deben informar a los ciudadanos con detalle y de forma amigable los gastos públicos.

Apoyo decidido a la implementación de la Ley del Servicio Civil de tal forma se asegure que los profesionales  y técnicos que se incorporen a la administración pública accedan bajo los principios de igualdad, capacidad y mérito.

Promover las tecnologías de la información derivada de la implementación decidida del gobierno electrónico para un mejor control interno y externo, evitando la excesiva burocracia dentro de las administraciones estatales.

Ampliar la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República a los alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros regionales; quienes tendrían responsabilidad administrativa funcional por infracciones graves y muy graves como consecuencia de los informes de control, emitido por los órganos del Sistema Nacional de Control.

Finalmente, conforme estipula el mandato de la Comisión, este cuenta con 45 días para elaborar un informe que recoja medidas y propuestas concretas para fomentar: la integridad, la transparencia, promover el respeto de los principios éticos y castigar  la corrupción, ¡el retos esta lanzado!